Los PAI (Programa de Actuación Integrada): a debate en la Comunidad Valenciana

Los PAI a debate

Las Corts valencianas han sido testigo, durante la última semana, de un acalorado debate en relación a los PAI (Programas de Actuación Integrada), objeto de máxima controversia por la vinculación de estos instrumentos jurídicos a la debacle inmobiliaria de la Comunidad Autónoma. Carolina Punset, portavoz del grupo Ciudadanos en las Corts valencianas, sacó a propuesta la reversión a suelo “rural” del suelo declarado como “urbanizable” durante la época del boom, pero que, ante el estallido de la burbuja, se quedó a medio construir. El resultado, ante la debacle inmobiliaria, remite a miles de hectáreas de solar en manos de empresas inmobiliarias en ‘stand by’ o -lo que es peor- sin ningún proyecto sólido para edificar. La liberalización del suelo y los continuos pillajes especulativos han dejado también al suelo de la Comunidad Valenciana en una situación de tierra de nadie que se traduce en la pérdida de recursos para los ciudadanos.

Pero ¿qué son los PAI? Se trata de los instrumentos legales utilizados para ordenar el territorio, es decir la base de la transformación de suelo rural público en registros privados, edificables y urbanizables. Los utilizan los ejecutivos para privatizar los terrenos. En el caso de la Comunidad Valenciana (y en opinión de muchos), el motivo de la formación de la burbuja.

Carolina Punset llevó al Parlamento valenciano una propuesta para recalificar 52.000 hectáreas de terreno y que se denomine como “rústico”

Es evidente: la masiva concesión de terreno realizada en la época del boom inmobiliario puso en el mercado cantidades ingentes de terreno sin demanda. De ahí el abandono de grandes obras y la creación de paisajes con edificios fantasmagóricos y obras a medio hacer que causan la indignación de los ciudadanos tras el estallido de la burbuja. En este sentido, la ‘formación naranja’ de Carolina Punset llevó al Parlamento valenciano una propuesta para recalificar 52.000 hectáreas de terreno y que se denomine como “rústico”, en vez de la categoría de “urbanizable” de hoy en día, aunque esté en manos las muertas de inmobiliarias sin proyecto para esos solares.

El Partido Popular (PP), se opuso frontalmente a la propuesta de Punset, que sí encontró buena acogida entre los demás grupos parlamentarios (PSPV, Compromís y Podemos). Aprobada en votación la propuesta, por la “alteración manifiesta de las circunstancias socioeconómicas y sin incurrir en responsabilidades patrimoniales graves”, la diputada en las Corts del PP Elisa Díaz, exdelegada territorial de Urbanismo en Alicante e hija del exalcalde alicantino Luis Díaz Alperi, tildó en reiteradas ocasiones de “ignorante” a Punset, ante la propuesta de tumbar decisiones adoptadas por su formación en gobiernos anteriores. El resultado: un acalorado debate que concluyó con un irónico “shame on you” (¡qué poca vergüenza!, inglés) que espetó Punset a la diputada popular porque “en castellano no le iba a comprender”.

Con la aprobación de esta iniciativa se sientan las bases jurídicas para desarrollar un plan de choque contra los PAI no ejecutados, pero aún quedan por dirimirse las actuaciones de facto para llevar a cabo la recalificación que, de realizarse, pasaría indudablemente por expropiar o indemnizar a inmobiliarias con grandes cantidades de dinero por la reclasificación de un terreno que, aunque legalmente en sus manos, no encuentra la salida de edificabilidad para la que habían sido encomendadas.

La lucha contra la edificación salvaje ha puesto de manifiesto en las Corts de Valencia una auténtica controversia que pretende acabar con la especulación. Sin embargo, las inmobiliarias asisten atónitas a riñas de patio de colegio que ponen en juego cantidades ingentes de su patrimonio. ¿Desvergüenza o justicia social? Solo el tiempo dirá cómo acaba esta larga historia, que no ha hecho más que empezar.