Nueva Burbuja Inmobiliaria: decálogo para evitarla

Burbuja inmobiliaria

Parece ser que el sector inmobiliario español ha superado esa etapa negra y anquilosada en la que estaba sumergido y se percibe el comienzo de un nuevo ciclo más positivo y esperanzador. Ahora es el momento de actuar prudentemente para no que no vuelva a estallar una nueva burbuja inmobiliaria que impida que se avance por una senda de crecimiento sostenible.

En este sentido,el Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ha elaborado un informe con una serie de medidas que permitan aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario, con el objetivo de no caer en los errores del pasado, que tanto daño han hecho a nuestra economía. Se trata de un decálogo de propuestas dirigidas a los partido políticos, para que incluyan estas medidas que tienen el propósito de dotar de una mayor protección a los consumidores y evitar que vuelva a producirse el caos financiero que afectó a miles de familias.

Mayor información para los consumidores.

Son necesarias medidas legales que garanticen una mayor transparencia en el sector y hace falta regularizar con exactitud la información básica que hay que proporcionar a arrendatarios y compradores de inmuebles. Es sorprendente que, con la actual legislación, nadie esté obligado a aportar la información necesaria: planos vigentes, mediciones fidedignas de los inmuebles, información acerca de la estructura de los edificios, etc.

Transparencia de las entidades financieras.

En aras de no provocar situaciones de riesgo que puedan llevarnos a un colapso financiero como el de la anterior burbuja inmobiliaria, la regulación del mercado financiero asociado al hipotecario ha de ser más transparente. Asimismo, sería beneficioso que la legislación actuara en contra de productos financieros que comprometan la planificación económica responsable de las familias, como los intereses moratorios abusivos, las cláusulas de suelo, las apuestas financieras, los intereses variables o las cláusulas condicionadas.

Independencia en las tasaciones hipotecarias.

Entre las medidas de los agentes de la propiedad inmobiliaria, se subraya la necesidad de que las compañías tasadoras no tengan ningún vínculo con los bancos y entidades financieras, lo que garantiza que las valoraciones se ajusten a la realidad del mercado.

Registros de agentes inmobiliarios.

En busca de una mayor profesionalización de los operadores inmobiliarios, los API abogan por unos registros obligatorios en los que conste una sede declarada y que cuente con un seguro de responsabilidad y caución, además de por la especificación de que el operador inmobiliario posee la suficiente formación para realizar su actividad profesional.

Cometido social de las viviendas.

Debería existir una exposición precisa de la función social de las viviendas y posicionarse de manera concreta acerca de asuntos como el derecho a la vivienda y política de alquiler.

Sector económico de especial sensibilidad.

Dada la función meramente social de la vivienda, el mercado que regula y gestiona la venta de viviendas a particulares ha de ser declarado como de interés general, por lo que debe someterse a un especial control y vigilancia, para que no se genere una nueva burbuja inmobiliaria.

Irregularidad informativa.

José Luis Polo, presidente del Colegio API de Guipúzcoa, advierte de que ha de corregirse la manifiesta asimetría informativa mediante la regulación de los procedimientos de mediadores, constructores y administradores, para una mayor protección de los consumidores y transparencia.

Cambios en la fiscalidad.

La política de vivienda se debe regular con una política fiscal acorde con la función social de los hogares y favorecer la progresividad impositiva.

Colegios profesionales y asociaciones.

Los API solicitan una legislación que regule los colegios profesionales y asociaciones, con el objetivo de proteger, ante todo, los derechos del consumidor.

Refrenda administrativa.

Gran parte de la ciudadanía piensa que los agentes inmobiliarios han superado pruebas específicas y disponen de la acreditación necesaria para desempeñar su cargo. La realidad es bien diferente. España el único país del continente europeo en el que no es necesario estar en posesión de algún certificado o documento que acredite que el agente inmobiliario cuenta con la formación y los conocimientos necesarios para ejercer su labor. Es por ello que el consejo de los API pide que sea obligatorio poseer un certificado administrativo que garantice que los agentes desempeñan su labor con unas mínimas garantías.

Visto el reciente aumento en la rentabilidad de la inversión inmobiliaria en nuestro país (según informes recientes), estas medidas pueden sumarse a estos vestigios de recuperación en el conjunto del marco inmobiliario nacional. Dentro del escenario actual, los locales comerciales se sitúan como la inversión inmobiliaria que ofrece mayor rentabilidad, ya que el porcentaje de beneficios ha aumentado considerablemente en el último año. Aparte de abogar por una mayor protección de los consumidores en materia de vivienda, estas medidas reforzarían los niveles de mejora en la rentabilidad de los inmuebles comerciales, lo que se traduciría en una reactivación general de la economía, además de, como ya hemos dicho, evitar que se produzca una nueva burbuja inmobiliaria.